PERÚ RACISTA

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Seguimos siendo un país estructuralmente racista, aunque individualmente creemos no serlo, pues casi siempre vemos racismo solo en el otro. Así lo demuestra la Primera Encuesta Nacional «Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico Racial», realizada por Ipsos, por encargo del Ministerio de Cultura, cuyos resultados fueron publicados el último 27 de marzo.

Realizada en todo el país con una muestra de 3,781 personas entre los 18 y los 70 años, y con un 95% de nivel de confianza, la encuesta incluyó una muestra especial de población afroperuana, quechua y aimara, nativa o indígena de la Amazonía (455 personas en total).

RACISMO Y PROBREZA

El perfil étnico del país está conformado por un 55% de mestizos, 22% de quechuas, 9% de afroperuanos (negros, morenos, zambos, mulatos), 7% de blancos, 3% de aimaras y 1% de nativos o indígena de la Amazonía. Del total el 82% habla castellano, 15% quechua, 3% aimara y 1% una lengua indígena de la Amazonía.

Si se cruza ese perfil con el índice de nivel socioeconómico se ve claramente que ser blanco le ha facilitado a este grupo tener una mejor calidad de vida. Así, el 28% de blancos pertenecen al nivel socioeconómico A/B, el que cuenta con mayores recursos, mientras que en los mestizos el porcentaje baja a 19%, a 11% en afroperuanos, a 8% quechuas o aimaras y a apenas 1% en el de indígenas o nativos. La brecha es más brutal si solo se ve el nivel A, casi completamente blanco. Allí están solo el 14% de blancos y apenas el 2% de mestizo y nadie más, es decir, 0% de quechuas, aimaras, indígenas o nativos de la Amazonía, o personas afroperuanas. Por el contrario, en el nivel E, el más pobre, están encerrados el 68% de indígenas o nativos de la Amazonía, el 48% de quechuas o aimaras, el 39% de personas afroperuanas, el 30% de blancos y el 22% de mestizos.

La relación entre identificación étnica y nivel socioeconómico no es baladí. Significa que el desarrollo económico de los últimos años sigue siendo completamente insuficiente para revertir la situación de pobreza de un gran sector que tiene como estigma el color de su piel y de su cultura. Quiere decir que las políticas públicas no le han dado la prioridad que el sentido común manda a acciones para ayudarlas a salir de ese foso que las condena a una lentísima mejora de su calidad de vida y desarrollo personal.

Aunque no se vea y por lo general no se quiera ver, nuestro desarrollo económico está marcado por el racismo. Aquí, según la Organización Internacional del Trabajo (diciembre de 2017) apenas se gasta el 3.7% del PBI en protección social, cuando el promedio regional es del 9.7% (el de Brasil, es de 13.7%). Ese gasto está dirigido, principalmente, a superar graves deficiencias en salud, seguro social, y subsistencia de personas en grave estado de vulnerabilidad en extrema pobreza (embarazadas, adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad), la gran parte de ellas personas étnicamente discriminadas.

Que no haya una distribución del presupuesto mayor y más efectiva que coadyuve a los sectores más desfavorecidos a salir de la pobreza podría estar vinculado profundamente con el racismo, justamente porque el poder político es administrado por un sector étnico privilegiado que no tiene en cuenta las necesidades de los sectores de la parte inferior de la pirámide. Esa fractura social que explicó de modo contundente la Comisión de la Verdad y Reconciliación, todavía persiste y su extensión no ha disminuido de modo importante. Por esa fractura, en el periodo 1980-2000 Sendero Luminoso y algunos miembros de las Fuerzas Armadas pudieron asesinar sobre todo a quechuahablantes e indígenas sin que el Estado  adopte medidas efectivas y la opinión pública tome acción. Recién cuando la escalada terrorista llegó a la calle Tarata, en Miraflores, Lima, más blanca entonces que ahora, la lucha contra Sendero logró despertar a todo el país. Pero hasta allí la masacre terrorista llevaba ya doce años en Ayacucho y otras regiones del interior.

Otro síntoma es que nuestros políticos dan por sentado que el desarrollo económico se vería perjudicado si se aumenta la remuneración mínima vital, a la que acceden principalmente los grupos étnicos que ocupan mayoritariamente los sectores socioeconómicos D y E. Se trataría de un asunto de falta de empatía “étnica”. Y las dificultades que se tiene para invertir más en salud y educación públicas pueden estar relacionadas con un tufo racista que impide a nuestros líderes políticos ver la urgencia de actuar en ese sentido para ayudar a mejorar la calidad de vida de indígenas, quechuas, aimaras, afroperuanos y mestizos. O, peor aún, que considera normal que la pirámide socioeconómica se mantengan como está.

PUBLICIDAD, TELEVISIÓN, CINE Y NEGACIÓN DEL RACISMO

En el Perú solo el 7% de su población se autoidentifica como blanca. Sin embargo, el grueso de la publicidad está dirigida a ese sector y excluye al 93% restante. Si uno mira la televisión u hojea las revistas y diarios más importantes del país podrá ver que allí mujeres y hombres blancos y hasta caucásicos modelan ropa, accesorios, usan perfumes, viajan, para convencer de comprar esos productos a gente (el otro 93%) que no se ve como ellos. Un ejemplo claro, si va al cine, podrá verlo en el anuncio promocional de la cadena Cineplanet, donde todos los que viven la experiencia de ir al cine y comprar canchita con gaseosa (los padres, los hijos, los adolescentes enamorados) son blancos, rubios, de ojos claros, en nítido contraste con los que participan en el otro anuncio, el de medidas de seguridad dentro de las salas, que se pasa apenas minutos después, en el que solo aparecen empleados del cine, ninguno de ellos blanco, y casi todos mestizos.

Le llaman publicidad aspiracional y algunos publicistas aseguran que ese quiebre psíquico o mental entre lo que es y lo que se quiere ser, incluso respecto del color de la piel, es la clave para lograr una venta. Según esa facción, todos en el fondo aspiramos a ser blancos. La publicidad, la televisión, el cine y el teatro de nuestro país, pródigos en utilizar actores, actrices, conductores, conductoras, modelos blancas y rara vez cholos, negros, nunca indígenas, son unas de las principales fuentes de naturalización del racismo. Como lo son la mayoría de páginas sociales de los diarios de Lima y provincias, donde es excepcional encontrar retratada a gente que no pertenezca a la élite blanca, preferentemente de apellidos compuestos y de “abolengo”. Esta naturalización del estado de cosas llega al punto que muchos hasta terminan defendiéndolo y denunciando como acomplejados a quienes se quejan de ello.

La encuesta también nos demuestra eso. El 53% reconoció a los peruanos como racistas o muy racistas, pero solo el 8% reconoció serlo él mismo. Es un elefante que está en nuestras narices, pero que no vemos. Y no hay racismo solo del blanco contra el negro, el indígena, el mestizo. También lo hay entre mestizos contra negros, entre negros contra indígenas, y así. Recuerdo eso con claridad en mi colegio primario estatal de Castilla, Piura. Allí el bullying racista era agresivo y persistente contra “el mono”, “la serrana”, “el sechurano”, “el indio”, “el cholo”, “el patas con queso”. Y eso que no había ningún blanco en mi aula. Y en muchos sentidos hoy en días las escuelas siguen un patrón parecido. «La paisana Jacinta», como tuve oportunidad de comentar en este mismo espacio, ha dado carta libre a muchos colegiales para sentir que hay gracia en ser racista, pero a fin de cuentas ese personaje denigrante también retrata la sociedad que somos.

EL ESTADO, EL PRINCIPAL RACISTA

Pero tal vez el resultado más chocante sea que los hospitales (22%), las comisarías (19%) y las municipalidades (14%), todos ellos del Estado, son los tres lugares donde la gente se siente más discriminada. Esto significa que los funcionarios y servidores tratan mejor o peor a los ciudadanos, según su apariencia étnica, lo que no solo es un tema de color de piel (28%) sino que también se evidencia a través de rasgos faciales (17%), lugar de procedencia (16%), forma de hablar (15%), costumbres (14%), vestimenta (12%), grado de educación (11%), idioma o lengua (6%).

Esa actitud supone que funcionarios, pero también ciudadanos, desconocemos el valor de nuestra diversidad, esto es, que somos diferentes físicamente, pero esencialmente iguales, independientemente de nuestras condiciones y características, y que por tanto, debemos ser tratados como tales. En tanto no cambiemos esa forma de actuar respecto de nuestro prójimo, seguiremos siendo un país subdesarrollado en el que ni siquiera el empírico desarrollo económico de los últimos años beneficia a todos por igual.

La discriminación y en particular el racismo,  la madre de todos los males, es un lastre para el desarrollo porque le quita oportunidades a grandes sectores. Los resultados de esta encuesta, varios más de los que aquí hemos mostrado, deben servir para que desde el Estado, los colegios, las universidades, los centros de trabajo y nuestros propios hogares, actuemos. El Estado tiene en ello que cumplir su papel de profundo liderazgo para generar una verdadera revolución cultural que nos haga un mejor país. Para todos, sin excepción.

(Publicado en el suplemento SEMANA del diario EL TIEMPO de Piura el 8 de abril de 2018).

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