DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTI EN AMÉRICA, UNA NUEVA ERA

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Con la publicación de su Opinión Consultiva 24, “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo” —una decisión con el poder de modificar la configuración jurídica, política y cultural de la mayor parte de los países de América—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha abierto una nueva era en la protección de los derechos humanos en esta parte del mundo.

 A diferencia de sus anteriores pronunciamientos (caso Atala Riffo vs Chile, 2012, por ejemplo) y de lo avanzado por otros sistemas supranacionales, esta vez la Corte IDH ha optado por reconocer como derechos humanos, sin ambages y con efecto para todos sus países miembros, el derecho a cambiar de nombre por identidad de género y a la protección del vínculo familiar de una relación de pareja del mismo sexo. En ambos casos ha señalado con claridad estándares que ayudarán a los Estados a garantizar el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).

Con esta decisión, la Corte IDH afecta el corazón mismo de la idiosincrasia de países mayormente conservadores como el Perú, reacios a reconocer formalmente iguales derechos a las personas LGBTI, debido a una poderosa influencia de creencias religiosas que aún hoy son capaces de inmiscuirse, inconstitucionalmente, en normas jurídicas y políticas públicas.

EL CAMBIO DE NOMBRE POR IDENTIDAD DE GÉNERO

La Corte IDH ha determinado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que en nuestro país posee valor constitucional y de la cual la Corte IDH es  máximo intérprete) protege el derecho de las personas LGBTI a cambiar de nombre y que ello obliga a los Estados a adecuar sus registros públicos y los documentos de identidad para que sean conformes a la identidad de género autopercibida. Para la debido protección de este derecho, el Estado debe garantizar que la rectificación de la anotación del género, las menciones del sexo, el cambio de nombre y la adecuación de la imagen de la persona, puedan realizarse a través de un trámite basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes. Dichos procedimientos deben ser, además, confidenciales, expeditos y en la medida de lo posible, gratuitos, por lo que el procedimiento que mejor se adecúa a estas características es el trámite administrativo o notarial.

PROTECCIÓN DEL VÍNCULO FAMILIAR DE UNA PAREJA DEL MISMO SEXO

Asimismo, la Corte IDH ha reiterado que la Convención protege el vínculo familiar de una relación de  pareja del mismo sexo, con base en el derecho a la protección de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de la familia. De acuerdo con ello, ha señalado que todos los Estados deben reconocer y garantizar a las parejas homosexuales todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar, garantizando el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales.

EL PESO DE UNA OPINIÓN

A pesar de contar con una denominación que parecería denotar inocuidad, una opinión consultiva de la Corte IDH tiene un impacto directo y trascendente en la vida de todos los países de América. Tal como lo señala la Convención, se trata de un medio por el cual la Corte IDH ejerce su competencia no contenciosa de interpretar las disposiciones de la Convención o de otros tratados de derechos humanos, así como la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas de un país y los instrumentos internacionales. Lo hace a solicitud de cualquiera de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos o de otros órganos del Sistema Interamericano. Estas opiniones no son vinculantes del mismo modo en que lo son las sentencias de la Corte IDH, pero sí tienen “efectos jurídicos innegables”, al convertirse en estándares (patrones, criterios, modelos, guías) internacionales que deben ser aplicados por todos los Estados americanos al momento de legislar, actuar o formular políticas públicas. Por ejemplo, aun cuando la opinión consultiva 24 haya sido formulada a partir de una consulta de Costa Rica, sus consideraciones están dirigidas y deben ser asumidas por todos los Estados americanos.

Según la propia Corte sus opiniones consultivas buscan “no sólo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos, sino, sobre todo, coadyuvar a los Estados miembros y a los órganos de la OEA para que cumplan de manera cabal y efectiva sus obligaciones internacionales en la materia y definan y desarrollen políticas públicas en derechos humanos. Se trata, en efecto, de interpretaciones que contribuyan a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos”.

Tal como lo señala el magistrado Vio Grossi en su voto individual, la opinión consultiva “no consiste, entonces en ordenar o disponer sino más bien en convencer. Su condición de no vinculante es la principal diferencia con la competencia contenciosa y es lo que fundamentalmente la caracteriza (…) En definitiva, las opiniones consultivas son (…) pronunciamientos que permiten advertir a los Estados del riesgo que asumen, llegado el caso, de que se les reclame y se declare su responsabilidad si su proceder no se ajusta a aquellos. Es decir, con estas opiniones los Estados “cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones relativas al respeto y garantía de los derechos humanos en el marco de la protección a personas LGBTI y así evitar eventuales vulneraciones de derechos”.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional peruano (STC 0007-2007-PI/TC) ha señalado  que las opiniones consultivas de la Corte IDH son vinculantes para el Estado peruano, y que al formar parte del ordenamiento jurídico nacional, según el artículo 55º de la Constitución Política del Perú, desconocerlas podría significar una infracción constitucional o, peor aún, un delito de función, conforme al artículo 99º de la Norma Fundamental.

CUESTIÓN DE TIEMPO

Al tratarse de estándares o guías para garantizar el respeto de los derechos humanos ni la Convención ni el Reglamento de la Corte indican un plazo para su implementación. Incluso la propia Corte IDH ha admitido la dificultad de algunos Estados para implementar la Opinión Consultiva 24, habida cuenta de que dichos Estados deben “vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieran cierto tiempo. Dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación progresiva de la Convención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internas”.

Pero eso no significa que estos derechos no puedan ser exigidos, porque al mismo tiempo la Corte ha señalado que “de cualquier manera, los Estados que aún no garanticen a las personas del mismo sexo su derecho de acceso al matrimonio, están igualmente obligados a no violar las normas que prohíben la discriminación de estas personas, debiendo por ende, garantizarles los mismos derechos derivados del matrimonio, en el entendimiento de que siempre se trata de una situación transitoria”.

CAMBIO INSTITUCIONAL, CAMBIO CULTURAL, TAREA DE TODOS.

Garantizar y darle vida a estos derechos es tarea de todo el Estado y de cada una de sus instituciones, entre ellas el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (a través de la adaptación de sus procedimientos administrativos para el cambio de nombre por identidad de género o de una iniciativa legislativa), el Congreso de la República (modificando las leyes para adecuar la normativa al estándar internacional; aprobando el matrimonio del mismo sexo, por ejemplo), el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (aplicando el estándar en la resolución de casos contenciosos que se presenten) y el Poder Ejecutivo (promoviendo políticas públicas relacionadas con los nuevos estándares o iniciativas legislativas).

Pero también es tarea de la ciudadanía: un sector de ella debe tener el valor de promover y defender estos derechos y otro, la suficiente empatía para tolerar, primero, y aceptar después, que las personas LGBTI, como personas iguales en dignidad, merecen los mismos derechos y oportunidades que los demás. Ese es un deber ético que no admite objeciones religiosas o de moral privada y que supone un enorme reto para generar un cambio cultural que distinga claramente el ámbito público (los derechos humanos) del privado (las creencias religiosas o prejuicios morales). Dicho sea de paso, la Opinión Consultiva 24 afirma con rotundidad que ni la tradición religiosa ni la cultural pueden ser invocadas como excusas para oponerse a la efectiva vigencia de los derechos de las personas LGBTI.

En este mismo suplemento explicamos el 12 de noviembre pasado la existencia de una embestida fundamentalista en nuestro país como respuesta a cambios sociales y normativos que contradicen la añeja tradición conservadora del país, influida principalmente por creencias religiosas contrademocráticas y prejuicios irracionales de diverso tipo. Sostuvimos que esa embestida debía ser detenida con los mecanismos de la democracia, entre ellos los instrumentos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Hoy, en esa misma línea, la Corte IDH, de un modo felizmente inédito en el mundo, ha puesto a disposición de todos los Estados americanos y de sus ciudadanos esta opinión consultiva como una herramienta de enorme utilidad para contribuir a la construcción de una sociedad más justa.

(Publicado en el suplemento dominical SEMANA del diario EL TIEMPO de Piura, el 21 de enero de 2018).

 

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