LA EMBESTIDA FUNDAMENTALISTA

En julio de este año dos organizaciones globales y aparentemente contrapuestas, la sacra Iglesia Católica y la laica Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicaron sendos documentos en los que advierten de la grave amenaza que representa el fundamentalismo para la sociedad y el individuo.

Una advertencia del Vaticano desde el Evangelio

La revista jesuita italiana «La Civiltà Cattolica» divulgó «Fundamentalismo evangélico e integrismo católico. Un ecumenismo sorprendente», artículo de coautoría de su director, el jesuita Antonio Spadaro, y de Marcelo Figueroa, pastor protestante de una iglesia presbiteriana y director de la edición argentina de «L´Osservatore Romano», periódico oficial del Vaticano. A partir del análisis del caso estadounidense el artículo denuncia con dureza una sorprendente y «extraña forma de ecumenismo entre los fundamentalistas evangélicos y los integristas católicos, unidos por el mismo deseo de influencia en la esfera política», cuyo objetivo es imponer su visión del mundo a través de un discurso maniqueo de odio que interpreta los textos bíblicos de modo literal, asumiendo que un mensaje de hace tres mil años sirve del mismo modo en la actualidad. Ese ecumenismo busca, por tanto, que religión y política vuelvan a integrarse (al igual que en la Edad Media, rasgo principal del integrismo) como único modo de forjar un ciudadano y una sociedad virtuosos.

Como dejan en claro los autores, se trata de una corriente ajena a la línea pastoral del Papa Francisco quien, por el contrario, aspira a una unidad «con varios referentes cristianos y de otras confesiones religiosas, que se mueve en la línea de la inclusión, de la paz, del encuentro y de los puentes.» Los autores se extrañan de que «tanto los evangélicos como los católicos integristas condenan el ecumenismo tradicional y, sin embargo, promuevan (uno) del conflicto que los une en el sueño nostálgico de un Estado de rasgos teocráticos.»

Señalan aún más: que «algunos que se profesan católicos se expresan a veces en formas hasta hace poco tiempo desconocidas en su tradición y mucho más cercanas a los tonos evangélicos.» Asimismo, que el universo de convergencia entre estos sectores es bien definido, y «se da en el terreno de temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación religiosa en las escuelas y otras cuestiones consideradas genéricamente morales o ligadas a los valores.» Finalmente, no pasan por alto que dichos grupos están dirigidos en muchos casos por «telepredicadores de la prosperidad (que) mezclan mercadeo, dirección estratégica y predicación, concentrándose más en el éxito personal (en realidad en el dinero) que en la salvación o en la vida eterna».

Una advertencia de la ONU desde los derechos humanos

Por su parte, la Asamblea General de la ONU recibió el informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales, la argelina-estadounidense Karima Bennounne, denominado «Las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres», que enfatiza en que el fundamentalismo es un problema considerable para la efectiva vigencia de los derechos humanos. Para una mejor comprensión tomamos de dicho informe la definición de fundamentalismo: «movimientos políticos de extrema derecha que, en un contexto de mundialización, manipulan la religión, la cultura o el origen étnico para lograr sus objetivos políticos. Suelen definir proyectos de gobernanza pública, de conformidad con sus ideales teocráticos, e imponer a los demás su interpretación de las doctrinas religiosas como derecho o políticas públicas, a fin de consolidar el poder social, económico y político de una manera hegemónica y basada en la coacción».

El informe precisa que oponerse al fundamentalismo «no implica adoptar una postura antirreligiosa» sino tener la clara conciencia de que las políticas estatales no pueden ser formuladas desde ninguna creencia religiosa particular. El Estado debe ser laico, no para prescindir de la religión como fenómeno social sino para promoverlo y respetarlo, conteniéndolo en su justo ámbito, el privado. El fundamentalista, que no admite una ética ni una política desconectada de lo sacro, busca gobernar no solo la vida privada de sus miembros sino también la de quienes no lo son e inclusive de aquellos que ni siquiera profesan una religión (los ateos, por ejemplo).

Por ello la Relatora Especial considera profundamente preocupante la «normalización de la ideología y retórica fundamentalista (…) en muchos contextos políticos, culturales y de los medios de comunicación, causada en particular por la creciente aceptación de este tipo de ideología y de discurso entre los principales candidatos y partidos políticos.» Porque captar el poder político es el modo más fácil y seguro de imponer a los demás sus doctrinas privadas, lo que resulta vulnerando directamente la propia libertad religiosa, pero también derechos relacionales como el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, la integridad, la salud y la vida, especialmente de mujeres y minorías, como puede verse con claridad en el caso peruano.

La embestida fundamentalista en el Perú

En la última década la embestida fundamentalista se ha acentuado como respuesta a cambios sociales y normativos que contradicen la añeja tradición conservadora del país. El teólogo y criminólogo José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, explica en su reciente libro, «Entre Dios y el César. El impacto político de los evangélicos en América Latina» (Konrad-Adenauer-Stiftung e Instituto de Estudios Social Cristianos, octubre de 2017) cómo desde los años ochenta se fortaleció una generación de evangélicos al margen del Concilio Nacional Evangélico del Perú, que contrasta con los miembros de este por su apego al dinero, a los bienes materiales y al poder político. Varios de los líderes de estas iglesias se han convertido en nuevos millonarios gracias a los diezmos que les aportan sus feligreses. Compran autos y casas de lujo y propiedades inmensas como el Coliseo Amauta o la explanada del Estadio de Matute. Uno de los más ultramontanos, Alberto Santana, recolecta firmas para inscribir su partido político, «Perú Nación Poderosa» y fue aliado de la excandidata de Fuerza Popular, con quien suscribió un compromiso para instaurar políticas públicas de corte religioso en caso de llegar al poder. Otro, Vicente Díaz Arce, fundador del Partido Restauración Nacional, está preso acusado de estafa. La justicia le sigue los pasos a varios otros por evasión de impuestos, lavado de dinero y crimen organizado. Varios otros son congresistas de la República y usan su poder para posicionar mejor a sus organizaciones. Su último logro ha sido la aprobación de una ley para instaurar el 31 de octubre como el día de las iglesias evangélicas.

La embestida no es exclusiva de los neoevangélicos. Dentro de la Iglesia Católica hay grupos igualmente reaccionarios ligados a prelaturas y órdenes religiosas de extrema derecha. Es lo que el mismo Vaticano reconoce como un “ecumenismo sorprendente”, de odio. Uno de los sectores más notorios de este espectro está vinculado a la ONG «Acción de Lucha Anticorrupción (ALA) sin Componenda», que hace pocos días ha logrado que el primer juzgado constitucional de Lima admita a trámite una demanda de amparo con la que busca que el Ministerio de Salud «se abstenga de implementar, difundir y monitorear a nivel nacional» la guía técnica nacional de aborto terapéutico.

Esta forma de aborto es legal en nuestro país desde 1924 y únicamente se aplica por disposición de la embarazada o de quien, en su defecto, pueda manifestar legalmente su voluntad, luego de una autorización médica reglada, cuando el embarazo es menor a 22 semanas y comprometa inminentemente su vida o implique el riesgo de generarle un mal grave y permanente. Esto es, lo único que hace es dejar la decisión de morir, quedar parapléjica, por ejemplo, o interrumpir el embarazo, a aquella mujer cuya vida e integridad está en riesgo. Esto que parece de una mínima humanidad, y que respeta los estándares internacionales de derechos humanos, no es aceptado por el grupo fundamentalista que con su demanda pretende obligar a todas las mujeres en esta situación a sacrificarse en nombre del «sagrado valor de la vida del no nacido», un argumento religioso, y por tanto de la esfera íntima, que quiere imponer a todas por igual por la vía de la ley.

Por supuesto la ONG se esfuerza en encubrir su fundamentalismo  recurriendo a absurdos argumentos jurídicos. Pero hacerlo le es difícil cuando en sus estatutos (tal como consta en su página web) tiene como “miembros honoríficos rectores” a «Yahvé: Dios Omnipotente; Jesucristo: Redentor y Salvador del Mundo; Espíritu Santo: Paráclito defensor de los derechos humanos; Santísima Virgen María del Perpetuo Socorro: abogada nuestra y defensora de todos los pueblos; San Miguel Arcángel: vencedor del demonio por el poder de Dios; y Santo Patrón San José Obrero: ejemplo de paternidad familiar», y a 23 santos adherentes de Dios y modelos virtuosos de vida, entre ellos San Juan Pablo II y San José María Escrivá de Balaguer.

La embestida fundamentalista debe ser detenida con los mecanismos de la democracia, entre ellos los instrumentos internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Es deber del Estado evitar que las políticas sean contaminadas con posiciones sectarias de cualquier tipo que violan manifiestamente esos derechos. No solo la ONU sino hasta la misma Iglesia Católica le marcan el camino para ello.

(Publicado en el suplemento dominicial SEMANA del diario EL TIEMPO de Piura el 12 de noviembre de 2017.)

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