LLAMAR A LA MUERTE

La discusión pública sobre la pena de muerte en el Perú es cíclica y nos distrae de lo importante. Vuelve cada cierto tiempo a propósito de crímenes graves como la violación de una niña o, peor, como ocurrió hace pocos días, de una bebé de apenas meses de nacida.

Pocas emociones son tan humanas como el deseo de venganza. De ello dan fe la Historia, la Literatura y la Religión. Desde el inicio de los tiempos nos llega narraciones de venganzas legendarias que, en muchos casos, han forjado naciones. El Antiguo Testamento católico, por ejemplo, está lleno de pasajes de este tipo que inclusive le adjudican a Dios la capacidad de vengarse de quienes dañan o someten a su pueblo, como puede verse en los libros de Deuteronomio, Salmos, Tesalonicenses, entre otros. Pero la venganza es también tema principal de Homero y Shakespeare, que hacen que la suerte de imperios y reinos sea decidida por esta «satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos», según definición de la Real Academia Española.

Aunque lo neguemos públicamente, si lo pensamos con cuidado es posible que descubramos que en determinados momentos de nuestras vidas hemos actuado movidos por este inconfesable deseo. Por eso tal vez muchos de nosotros nos sentimos identificados con el personaje de Leonardo di Caprio en la película «El renacido» (Alejandro González Iñárritu, 2016), que sobrevive a diversas situaciones horrendas con la única motivación de vengarse del asesino de su hijo. El psicólogo evolutivo Michael McCullough, de la Universidad de Miami, citado por la BBC, afirma que «es una experiencia muy extendida de la vida humana, personas de todas las sociedades entienden la idea de enfadarse y querer herir a alguien que te ha hecho daño», y que a pesar de su poder destructivo del propio individuo y la sociedad ha persistido en nuestra evolución por tener un propósito útil, principalmente como factor disuasorio. «Si tienes una reputación de ser alguien vengativo, la gente no se va a meter contigo ni intentar aprovecharse», dice David Chester, de la Universidad de Virginia. «E incluso la amenaza de venganza puede en sí misma disuadir de un ataque», agrega McCullough, pues «al individuo que responde a ese daño le irá mejor que al que recibe la bofetada en la mejilla y deja que el chico malo se salga con la suya».

Así que si el objetivo principal de la venganza es evitar el daño, entonces se trata de algo muy bueno. Pero esto no implica, asegura, que se deba animar a la gente a buscarla. «Podemos apreciar para qué sirve, entender que no es el producto de mentes enfermas y al mismo tiempo estar interesados en ayudar a la gente a limitar sus deseos de venganza». Según estudios citados por la misma fuente, este deseo potencia el crimen en los Estados Unidos: está asociado con hasta el 20% de los homicidios y el 60% de los tiroteos en las escuelas, pero también influiría en la política si resulta siendo cierto lo afirmado por el Washington Post: que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos se produjo gracias a la «venganza de los blancos de clase media…que se sintieron abandonados por una economía que se globaliza a un ritmo rápido».

EL LLAMADO A LA MUERTE EN EL PERÚ

Según la última encuesta sobre derechos humanos realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país en 2013, el 79% de los peruanos está a favor de que los violadores de niños reciban la pena de muerte; el 61% opinó que estas personas «no merecen tener derechos humanos» y el 60% cree que aquellos que cometan actos terroristas deben recibir la pena capital.

Es altamente probable que estos rangos se mantengan en la actualidad y ello explica que varios actores políticos, especialmente en el Congreso de la República, se conviertan en voceros de este sentimiento, ya sea por un entendimiento errado de su función o por otros intereses. Pocos políticos en el mundo han expresado este débil concepto de representación con tanta claridad como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ante una multitud dijo hace poco: «Si el pueblo quiere la pena de muerte, los partidos cumplirán su voluntad». A diferencia del Perú, Turquía la abolió completamente en 2004 y actualmente pugna por ingresar formalmente a la Unión Europea, una organización que tiene muy claras las cosas al respecto, como se lo recordó el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión: «La UE recuerda que el rechazo inequívoco a la pena de muerte es un elemento esencial del acervo comunitario».

En efecto, los países más avanzados del mundo (a excepción de Estados Unidos, Japón, Singapur y Taiwán) han mantenido una posición abolicionista respecto de la pena de muerte. Hoy son 105 los países que la abolieron totalmente (Mongolia, el último, lo hizo este año), cinco lo han hecho parcialmente y 32 la mantienen formalmente, pero no la han aplicado durante largos periodos (lo que se denomina «moratoria de facto» o «abolición de facto»). En este último caso se encuentra nuestro país, que no la aplica desde que en 1979, durante la dictadura de Morales Bermúdez, se fusiló a  Julio Vargas Garayar, acusado de espiar para Chile, luego de un proceso plagado de irregularidades. Son apenas 58 países los que la mantienen vigente, la mayoría de ellos dictaduras o democracias débiles como Corea del Norte, China, Cuba, Kuwait, Libia, Egipto, Sudán, Somalia, Tailandia, Uganda, Nigeria, Arabia Saudí, Irán y Pakistán. Pese a este gran número, el 89% de ejecuciones corresponde a los tres últimos países mencionados.

La corriente abolicionista es liderada por la propia Organización de las Naciones Unidas, que ha instaurado el 10 de octubre como el «Día de la abolición de la pena de muerte», bajo el entendido, en primer lugar, de que una sanción de este tipo es incompatible con la dignidad de la persona humana, centro y fin del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero también porque no tiene ninguna utilidad práctica como parte de una política criminal. Es decir, que al final de cuentas solo sirve para matar y no para defender la vida e integridad de los ciudadanos. Como reconocen la mayoría de estudios de la ONU y de órganos independientes, la pena de muerte no tiene ningún poder disuasorio y allí donde se aplica los delitos no han disminuido y, en muchos casos, han aumentado. Prueba de ello es que dentro de los ochos países con menor índice delictivo del mundo, en seis (todos europeos) la pena de muerte no se aplica. En los dos restantes (Singapur y Japón) y en todos los demás, la explicación del bajo índice se encuentra más en la fortaleza y eficiencia de sus instituciones, principalmente estatales y culturales.

LA VÍA RÁPIDA DE LA VENGANZA

Dicho de otro modo, un país termina recurriendo a la pena de muerte cuando sus instituciones fallan gravemente en su deber de proteger la vida e integridad de sus ciudadanos. En esos casos, gobernantes como el turco Erdogan usan la vía rápida de ofrecer a su pueblo venganza en vez de derechos, venganza en vez de seguridad, venganza en vez de Estado. Un notorio economista de la Universidad del Pacífico, Juan Mendoza, afirma, citando el muy recurrido estudio de Isaac Ehrlich, que la pena de muerte salva vidas, que por cada criminal ejecutado se salvan a entre cuatro y ocho víctimas. El problema con su argumento es que ese estudio y varios otros posteriores, como el de Joanna Shepherd, al que también recurre, han sido ampliamente refutados incluso metodológicamente, pero también, entre otros, por el hecho de que el riesgo que corre un criminal de ser ejecutado judicialmente es mucho menor que el de morir cometiendo el delito, por ejemplo, en casos de terrorismo. Pero Mendoza dice algo mucho más interesante. Dice que si el gobierno no quiere instaurar la pena de muerte debe «construir más cárceles, mejorar las remuneraciones y pensiones, el equipamiento y la infraestructura de policías, jueces y fiscales», con lo que en realidad reconoce que el problema no es la falta de ejecuciones sino la debilidad del Estado. «Los ciudadanos se defienden como pueden del acecho de los delincuentes ante la desidia y pasividad de los sucesivos gobiernos. Son los más pobres los que más sufren como consecuencia del abandono del Estado de su función primordial de proteger al ciudadano» concluye, y no podríamos estar más de acuerdo con él.

Cuando el Perú suscribió el Pacto de San José se comprometió con una política progresivamente abolicionista de la pena de muerte. Por esa razón, aun cuando (en contra de ese instrumento internacional) incorporó en la Constitución de 1993 al terrorismo como causal de dicha pena, nunca ha emitido esa condena y mucho menos ejecutado a alguien. Esta obligación internacional directamente vinculante hace jurídicamente imposible ampliar la pena de muerte a causales distintas a la de traición a la patria en caso de guerra exterior, la única que se mantuvo al momento de suscribir el Pacto en 1978 y en las constituciones de 1933 y 1993. Para hacerlo el Perú debería denunciar dicho tratado, lo que es inconcebible políticamente en un país democrático y que aspira a integrar la OCDE, el club de países más desarrollados del mundo (lo que incluye también un desarrollo demostrable en materia de derechos humanos y en el cumplimiento de las obligaciones internacionalmente adquiridas.)

En vez de ofrecer la vía rápida e inelegible de la venganza, nuestros gobernantes deberían mejorar sus esfuerzos para entregarnos mejores instituciones, mejores cuerpos de policías, mejores fiscales, jueces, funcionarios, abogados, y ciudadanos. El crimen (y también uno tan atroz como la violación de menores de edad) no respeta atajos ni experimentos populistas.

(Publicado en el suplemento SEMANA del diario EL TIEMPO de Piura el domingo 5 de noviembre de 2017).

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