NUEVA LEY DE CINE: CUESTIÓN DE PRIORIDADES

El siete de septiembre el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el proyecto de ley de la cinematografía y el audiovisual. A pesar de que es una norma esperada y de la máxima importancia, la noticia no es buena: el contenido del proyecto demuestra que el gobierno (este, pero también los anteriores) carece de convicción en su papel de rector de las políticas culturales del país.

Su texto es sustancialmente distinto al del anteproyecto que en meses pasados el mismo ministerio de Cultura sometió a debate público. A pesar de sus deficiencias, aquel anteproyecto acertaba en prever la creación de un Fondo para el Fomento de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano, que se sostendría de un tributo del 5% sobre el costo de las entradas, que a su vez eliminaría el de 10% que actualmente es destinado, sin mayor sustento, a las arcas municipales. De ese modo, además, los propios cines se hubiesen beneficiado con un impuesto menor en 5%.

Las razones de este cambio no son públicas. Lo que se sabe por fuentes informales es que Cultura cedió ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que considera contraproducente crear un tributo específico para una actividad que no asegura un retorno monetario contante y sonante a la economía del país. Como si los beneficios de las políticas culturales pudiesen medirse en cajas registradoras o acciones, o estuviesen destinados a negociarse en las bolsas de valores o en el sistema financiero. A cambio, los dogmáticos del Estado habrían accedido a otorgar un monto de cerca de 24 millones de soles para subvencionar nueva producción nacional a través de los concursos promovidos por el Ministerio de Cultura, una medida que dependerá de la voluntad política de entregar dichos fondos y que termina asentando la idea de que la cultura debe financiarse con dádivas y no con impuestos propios.

UNA DE LAS ÉLITES MÁS INCULTAS DE LA REGIÓN

Pensadores rigurosos de distintas épocas y tendencias como Manuel Gonzáles Prada, José Carlos Mariátegui, Victor Andrés Belaunde, Jorge Basadre y Mario Vargas Llosa, e incluso el Nobel de Economía Douglass North, han calificado a nuestra élite como inculta, atrasada, y causa fundamental del escaso desarrollo integral del país, caracterizada, poco más o menos, por un pasmoso desprecio por los bienes inmateriales y un demencial y excluyente apego al cemento y al dinero. A la luz de los nuevos tiempos siguen teniendo razón.

Esa visión chata y arbitraria ha llevado al país a sucesivos círculos viciosos de un crecimiento económico incapaz de generar mejor calidad de vida para la mayoría de peruanos y de sostener una tradición democrática sólida. Nos ocurrió con el guano y el salitre, en el siglo XIX, y con el caucho, la pesca y la minería en el siglo XX y lo que va del XXI. Todas esas épocas, signadas por niveles de corrupción y desigualdad apabullantes, sirvieron para enquistar en el poder a pequeños grupos dedicados a medrar del Estado y a enriquecerse casi siempre de modo ilícito o tramposo, incluso si decían (y dicen) defender el libre mercado como piedra de toque del crecimiento. Se trata de lo que un sector de científicos sociales ha denominado “el crecimiento infeliz”, un periodo de bonanza económica que impacta en el PBI y en el Tesoro Público, pero no en los índices de desarrollo humano ni de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Esa forma histórica de hacer las cosas de nuestra élite es la que subyace a las críticas ramplonas que ha soportado la sola idea de que el Estado destine fondos públicos a la producción cinematográfica nacional. Voces de poca monta, pero de mucho eco refriegan como mantra tecnocrática opiniones que solo buscan desprestigiar la idea: “hay prioridades más urgentes como la educación, la salud y la seguridad”, “no debe gastarse el dinero de todos en una actividad que beneficia a muy pocos”, “salvo rarísimas excepciones, el cine peruano es bastante malo. Solo se suelen producir atormentadas rojadas existencialistas, chongo ligero o cine-terror barato. Está a años luz del cine argentino, por ya no hablar de fuera de la región». Frases como esas desnudan la precariedad de nuestro desarrollo.

LA CULTURA ES FUNDAMENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

No es tan difícil entender que sin la mejora sustancial de los índices de desarrollo humano cualquier crecimiento económico es vano. Tampoco es difícil comprender que la cultura es parte fundamental de dicho desarrollo, al lado de la educación y la salud. Francia, por ejemplo, segundo exportador de cine en el mundo, después de Estados Unidos, subvenciona la producción de nuevas películas no solo con un impuesto de más del 10% sobre el total de las entradas sino que recientemente ha disminuido el IVA (nuestro IGV) de estas, de 7 a 5.5%, además de brindar apoyos para las películas que se graban en territorio francés, entre varias otras medidas. Palabras de Audrey Azulay, última ministra de cultura de Hollande: «Nuestro cine es un sector de excelencia, del que Francia está muy orgullosa. Sirve para proyectar nuestra cultura en el extranjero y para contar con una industria creativa de mucho nivel, si la comparamos con otros países europeos (…) Esta política cultural es un tesoro. No nos la inventamos nosotros porque empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la hemos reforzado y modernizado. Y eso deberían hacer nuestros sucesores, sean quienes sean”.

Esa política ha llevado a la industria cinematográfica francesa a aportar el 2.3% del PBI del país, siete veces más que su sector automotriz. Pero más importante que eso, el conjunto de políticas culturales ha contribuido significativamente a hacer de Francia una de las democracias más sólidas del mundo. El cine es un vehículo formidable para el entretenimiento, pero también para la reflexión y, al fin de cuentas, para generar individuos y sociedades empáticas. Como la Literatura, el Teatro, la música, las ciencias, promueve la libertad de pensamiento, brinda al ser humano herramientas para comprender a quienes muchas veces estigmatizamos con facilidad, por ignorancia. Nos hace mejores personas, al fin y al cabo, y crea sociedades más tolerantes y sensibles a los miedos y padecimientos del prójimo.

Hacer de lo económico (peor aún, del negocio monetario) lo más importante, como subraya siempre nuestro neoliberalismo inculto, impide construir una sociedad más libre. Martha Nussbaum, tal vez la filósofa viva más importante del mundo, y muchos otros, insisten en ir contra eso. «Se puede comprender más de la justicia en una novela de Dickens que en un tratado de Derecho» ha dicho con firmeza. Nussbaum defiende la idea de que el cultivo de nuestras emociones nos educa como ciudadanos libres, además de ser «una más adecuada explicación de la totalidad de la conducta humana, es causa de mejores modos de vida». Aunque no lo entiendan nuestros gobernantes, en ese cultivo la cultura, y en particular las artes, tienen un papel preponderante.

UNA POLÍTICA CULTURAL QUE SE DILUYE

Sin embargo, vista la actual posición de nuestra élite, en nuestro país todavía está pendiente que ganemos la discusión de si debiéramos ser ciudadanos libres, merecedores de políticas culturales para ese fin. En vez de discutir si tal o cual medida es más eficaz para fomentar nueva producción cinematográfica o para generar nuevo público o para romper el oligopolio del cine hollywoodense (un tema de libre mercado, por lo demás), estamos todavía en el ínfimo nivel de tener que convencer a nuestra élite de que la cultura también debiera ser una prioridad que no debe postergarse frente a otras “más importantes”.

Ciertamente tenemos muchas carencias y pocos recursos para superarlas. Pero los graves problemas de la educación, la salud, la inseguridad, los bajos sueldos de los maestros, los médicos y los policías, no fueron (ni pudieron ser) causados por invertir dinero en políticas culturales. Afirmarlo es falso, pero sobre todo, es inmoral y profundamente cínico. La causa principal está en otros lados. En primer lugar, en la corrupción que, según la Contraloría General de la República, drena cerca de 12,500 millones de soles al año del presupuesto público, pero también en la ineficiencia del Estado (nacional, pero sobre todo regional) para ejecutarlo adecuadamente. En segundo lugar, en la política de mantener subvenciones, sobre las que casi nunca se discute, a grandes grupos de poder a través de exoneraciones tributarias que (esas sí) no han demostrado beneficios concretos para el país; o a no hacer lo necesario para cobrar sustanciosas deudas tributarias a grandes empresas mineras, de telecomunicaciones, entre otras.

La facilidad con la que se desdeñan las políticas culturales es un signo demasiado diáfano de la pobreza de nuestras políticas y de nuestras instituciones como para seguir ignorándolo.

(Publicado en el suplemento SEMANA del diario EL TIEMPO de Piura el domingo 17 de septiembre de 2017).

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